miércoles, 14 de agosto de 2024

LA EXPRIMERA MINISTRA DE BANGLADÉS ACUSA A EE. UU. DE ORQUESTAR SU DESTITUCIÓN POR NO CEDERLE PARTE DE SU TERRITORIO

 El Informador, 12/08/2024

La exprimera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, acusó a EE.UU. de orquestar su destitución por haber rechazado cederles el control de la isla de Saint Martin, que proporciona a su propietario el control sobre el golfo de Bengala. Así lo informa la propia Hasina en una carta enviada al The Economic Times.

Los seguidores cercanos a Hasina hicieron llegar al medio, una carta en la que la exdirigente explica por qué dimitió y alerta a su pueblo de posibles provocaciones y manipulaciones.

San Martín es la única isla de arrecife de coral de Bangladés, y según las evidencias histróricas, no es nuevo el interés que EE. UU.  tiene sobre este atolón, donde pretende construir una base aérea que le daría influencia en el golfo de Bengala, cerca de India y China. Sin embargo, el gobierno estadounidense siempre lo ha negado.

También es conocido que Bangladés se ha convertido en un enclave asiático de la industria textil, girando en buena parte su economía alrededor de este sector que representa inversiones millonarias para occidente.

No obstante, si bien la alta dependencia del sector textil es una de las razones de su actual recesión, no es menos cierto que Bangladés fue considerado un ejemplo de resurgimiento económico, en el subcontinente sudasiático.

Ya sea por su atolón, por su ubicación geográfica o por lo que su industria textil pasó a representar para occidente, la exprimera ministra acusaba que EE. UU. tenía los ojos puestos en su país, al punto incluso de aupar el surgimiento de un Estado cristiano -proestadounidense-, como ya sucedió en Timor Oriental.

Este enclave se ubica en una vasta región fronteriza con Birmania, pero, más importante aún, a las puertas del estrecho de Malaca, vital para las importaciones chinas.

Analistas no descartan que la visita del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, haya colaborado a aumentar el interés sobre Bangladés, por cuanto la de septiembre de 2023 fue la primera visita de un canciller ruso al país sudasiático,  segundo mayor socio comercial y de inversión de Rusia en esa región.

La victoria de Hasina en los comicios de principios de año estuvieron señaladas por las acusaciones de fraude electoral y de violaciones de DDHH por parte de su gobierno.

EE. UU. manifestó su preocupación por la situación y la alianza política de Hasina lo acusa de financiar al islamista Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), promotor de las protestas

De allí que Hasina, en su carta, pide a los estudiantes que aún están protestando: “los conspiradores se aprovecharon de la inocencia” de los jóvenes y les utilizaron para desestabilizar la nación.

La exmandataria aseguró que tuvo que dimitir porque, de lo contrario, se habría asesinado a más personas y se habría destruido más recursos. Dice estar al tanto de que “muchos líderes han sido asesinados, los trabajadores son acosados y sus hogares son objeto de vandalismo e incendios”.

El 5 de agosto Hasina renunció a su cargo y huyó a la India en medio de los violentos disturbios que costaron la vida a centenares de personas en la última semana. Mientras tanto, continúan en el país los enfrentamientos con la Policía, los actos de violencia y el vandalismo. Desde el inicio de los disturbios, se calcula que ha habido alrededor de 440 muertos.

viernes, 9 de agosto de 2024

EL GOLPE DE ESTADO EN BANGLADESH: LA LÍNEA DE TIEMPO

Leonid Savin

Geopolitica.ru, 08/08/2024

La oposición tomó el Parlamento, la Primera Ministra huyó del país.

El lunes 5 de agosto llegó a Bangladesh el apogeo de semanas de protestas de la oposición, a consecuencia de las cuales la Primera Ministra del país, Sheikh Hasina, dimitió y abandonó el país. Voló en helicóptero a India, con la intención posterior de solicitar asilo político en el Reino Unido. El poder pasó a los militares, que anunciaron la formación de un gobierno provisional compuesto por representantes de todos los partidos. El Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Waker uz Zaman, confirmó la dimisión de Hasina en una rueda de prensa y dijo que, tras mantener conversaciones con representantes de los principales partidos políticos y grupos de la sociedad civil, se había decidido formar un gobierno interino.

"La primera ministra ha dimitido. Se formará un gobierno interino para gobernar el país... Les doy mi palabra de que se abordarán todas las injusticias... El país ha sufrido mucho, la economía se ha resentido, muchas personas han muerto... es hora de poner fin a la violencia", declaró. También declaró que se levantaría el toque de queda impuesto anteriormente.

Es significativo que en la primera reunión no hubiera representantes del partido gobernante, la Liga Awami.

La administración del presidente Mohammed Shahabuddin también emitió un comunicado en el que afirmaba que había "decidido por unanimidad liberar" a la ex primera ministra encarcelada y líder del opositor Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Khaleda Zia, archirrival de Hasina. Los manifestantes detenidos anteriormente también serán excarcelados.

El secretario general del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, ha anunciado que Tarique Rahman, presidente en funciones del partido, regresará al país muy pronto.

La oposición acogió con júbilo la noticia de la huida deal Primera Ministra. La víspera, a pesar del toque de queda, consiguieron tomar el despacho del jefe del Estado, y después entrar en el edificio del Parlamento. En su alegría, incluso devolvieron las armas que habían arrebatado al personal de seguridad del parlamento.

Las protestas comenzaron a principios de julio, con el motivo formal de la decisión del gobierno de conceder el 30% de las cuotas de empleo a funcionarios (en total se les reserva el 56%) a hijos y nietos de participantes en la guerra de liberación de Pakistán en 1971. Las primeras acciones fueron pacíficas y, según los medios locales, fue la dura represión policial la que se convirtió en una especie de catalizador de nuevas protestas. Aunque el Tribunal Supremo suspendió estas cuotas durante un mes, el 11 de julio, y posteriormente transfirió una parte a otras categorías, esto no detuvo a los manifestantes.

En realidad, las causas del conflicto son más profundas: en medio de graves problemas económicos y una elevada tasa de desempleo, los jóvenes de Bangladesh no están contentos con los 15 años de gobierno del partido de la Liga Awami ni con la actuación directa de Hasina como jefa de Estado, especialmente tras las últimas elecciones de enero, en vísperas de las cuales muchos líderes de la oposición fueron detenidos y no pudieron presentarse a los comicios. Por ello, la oposición se limitó a boicotear la votación.

Un estudio de la Oficina de Estadística de Bangladesh realizado en 2023 mostró que más del 39% de los jóvenes de entre 15 y 24 años están desempleados y no estudian. Es decir, unos 12,2 millones de personas. La afirmación del gobierno de que la tasa de desempleo es del 3,3%, es decir, 2,35 millones de parados, es rebatida por varios destacados economistas.

Además, hubo restricciones a Internet, y durante las protestas se apagó por completo.

También se acusó a funcionarios del gobierno de corrupción y retirada de fondos en el extranjero. Y como Hasina es hija de uno de los líderes del movimiento de liberación nacional y fundador de Bangladesh, Mujibur Rahman, el descontento se ha trasladado a su figura: el lunes, en Dhaka, intentaron derribar su estatua. Y esto demuestra la comprensión específica de la propia historia de la juventud bangladeshí.

El domingo 4 de agosto fue el día más significativo por el número de manifestantes y de muertos -en enfrentamientos con la policía y las fuerzas de seguridad-. Al menos 98 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad. En total, durante todo el tiempo que duraron los disturbios, se contabilizan oficialmente unos 300 muertos, y el número de heridos se cuenta por miles.

Hay varios puntos significativos en el actual tránsito de poder. En primer lugar, ahora el papel principal como intermediario y responsable lo desempeña el comandante en jefe Waker uz Zaman, que tomó posesión de su cargo el 23 de junio. Está casado con Sarahnaz Kamalika Zaman, hija del general Muhammad Mustafizur Rahman, que fue Comandante en Jefe del Ejército entre 1997 y 2000. El general Rahman era primo del jeque Mujibur Rahman, ya que se casó con la prima de Mujib, y era tío de la primera ministra Sheikh Hasina.

Resulta que el actual jefe de la junta es pariente de la primera ministra destituida, a quien la oposición odia. Al mismo tiempo, se sabe que a lo largo de su carrera militar también colaboró estrechamente con Hasina y ocupó el cargo de oficial jefe de Estado Mayor en el Departamento de las Fuerzas Armadas de la Oficina del Primer Ministro.

Por tanto, mucho dependerá de la percepción que tenga la oposición de su papel, así como de sus decisiones directamente. Hace relativamente poco tiempo, se han dado casos en los que, con el telón de fondo de la ola "democrática", los militares hicieron ciertas reducciones y luego aumentaron la presión autoritaria. Como ejemplo, Egipto, donde Sisi derrotó duramente a los Hermanos Musulmanes tras las elecciones, o la vecina Myanmar.

En segundo lugar, Bangladesh ya tuvo un periodo en el que, el enfrentamiento entre la Liga Awami y el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), desembocó en una crisis política en 2006 y entonces los militares intervinieron y declararon el estado de emergencia. Al final, el partido de la Liga Awami resultó vencedor, lo que condujo al gobierno permanente de Hasina durante 15 años. Será interesante ver cómo se desarrolla ahora el proceso.

En tercer lugar, aunque la causa fue una crisis interna, es imposible negar la influencia externa durante el actual tránsito de poder. No cabe duda de que habrá intentos de ejercer influencia por parte de India, implicada en gran medida en la creación de un Bangladesh independiente, así como la búsqueda de intereses por parte de los países occidentales y los inversores internacionales, incluidas las instituciones transnacionales.

Evidentemente, para Rusia será importante que se mantengan las relaciones amistosas y se sigan llevando a cabo los proyectos actuales en este país, como la construcción de una central nuclear y la producción de gas en alta mar. Dado que son necesarios para la economía del país y pueden significar puestos de trabajo, no hay motivos visibles para preocuparse. Sin embargo, si el lobby prooccidental está activo en el nuevo gobierno, algunos actores externos intentarán expulsar a Rusia de Bangladesh a cualquier precio.

Por lo tanto, es necesario vigilar de cerca los actuales cambios políticos y evitar la interferencia de países no amigos, justificando la necesidad de mantener los lazos amistosos y la falta de alternativas a una serie de áreas de cooperación bilateral, por ejemplo, el suministro de fertilizantes. Bangladesh ocupa actualmente el segundo lugar en volumen de comercio exterior entre los países del Sudeste Asiático, después de India. Me gustaría mantener esta posición, aunque es importante desarrollar las relaciones con otros países de la región.

Traducción al español para Geopolitika.ru

por el Dr. Enrique Refoyo

Fuente: https://orientalreview.su

martes, 6 de agosto de 2024

LA GUERRA CONTRA VENEZUELA Y EL PAPEL DE LA IZQUIERDA

Arboreá Andaluza,  04/08/2024

Tras las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio, hemos asistido a una nueva ofensiva en los medios de comunicación y redes sociales contra el chavismo y el gobierno de Nicolás Maduro. Esta ofensiva, masivamente compartida, se ha basado en dar altavoz a la oposición en su anuncio de fraude electoral, unido a denuncias de ser una dictadura, de haber empobrecido al pueblo venezolano, de haber empujado a la migración a millones de compatriotas o ser corruptos. Este comportamiento es lógico en las derechas venezolanas y mundiales, ya que es un patrón que han venido repitiendo en el país, desde el 2002, y en otros países que desarrollan políticas o suponen ejemplos contra sus intereses de clase, como Cuba, Bolivia o Nicaragua. No obstante, choca ver compartir y difundir el discurso de la oposición venezolana por parte de sectores diversos dentro de la denominada izquierda. Consideramos que esto es fruto de una mezcla de compromisos ideológicos -defensa de la democracia formal por encima de cualquier consideración socioeconómica; o chovinismo occidental-, y de desenfoques y errores, tanto en la interpretación del proceso bolivariano en Venezuela y las dificultades que ha atravesado, como de las propias dinámicas de las luchas populares en el contexto imperialista. Frente a ello, queremos sistematizar lo que ha supuesto la lucha de clases en el país latinoamericano y cuáles deberían ser nuestras tareas aquí.

El proyecto bolivariano

La victoria en las elecciones presidenciales de Hugo Chávez en 1998 supuso el punto de llegada de las reivindicaciones de múltiples movimientos populares y sociales venezolanos que venían pugnando contra la gran burguesía compradora y el imperialismo occidental desde hacía décadas [1]. Esta victoria, además, supuso una respuesta a la crisis política, social y económica que vivía el país desde la década de 1980. El pueblo venezolano sufría de una extrema desigualdad social, basada en la existencia de una burguesía corrupta y enriquecida con la venta de las rentas del petróleo a las multinacionales, entregando las riquezas del país al capital internacional. En el otro lado, las mayorías sociales: la clase trabajadora y campesina que se sumía en la pobreza, malnutrición, infravivienda, sin acceso a servicios sociales básicos, sufriendo del racismo institucional y, una parte importante, sin derecho al voto [2]. La llegada de Chávez inaugura la revolución bolivariana con el nacimiento de la V República, que buscaba otorgar derechos y bienestar a la clase trabajadora venezolana en una verdadera revolución nacional antiimperialista y antioligárquica.

Esta revolución se desarrollará condicionada por un aspecto fundamental: Venezuela se inserta en la división mundial del trabajo como periferia extractiva del capital. Una periferia sobreexplotada y expoliada por las burguesías del centro imperialista, que acuden al calor del petróleo (siendo la mayor reserva del mundo) y otros productos energéticos y minerales, como el gas natural. Esto tiene dos consecuencias directas: a) en primer lugar, su economía es fuertemente dependiente del petróleo, sector del que emana la mayor parte de su riqueza. Esto la hace muy vulnerable ante posibles ataques o crisis, e históricamente dependiente de las importaciones de todo tipo de productos por muy pocas empresas. b) Al calor de las demandas del capital internacional y las grandes multinacionales energéticas, ha dominado históricamente una burguesía compradora y rentista, que se ha caracterizado por parasitar las instituciones del estado en todo el siglo XX y de vender el país al imperialismo. Frente a ella, la burguesía terrateniente y la industrial han sido relativamente débiles, conformando una oligarquía que a duras penas ha sabido integrar a las clases medias o trabajadoras a su proyecto de país. Será precisamente el imperialismo occidental -incluido el del estado español [3]-, y sus voceros venezolanos (la oligarquía), los que conformarán un grupo de presión que declaró la guerra al proyecto bolivariano desde sus primeros meses de vida, para poder mantener su descarnada y feroz dictadura de clase.

Para entender esta respuesta es necesario comprender las bases de la política socio-económica de la Venezuela bolivariana. En primer lugar, realizará una serie de leyes en defensa de la redistribución de la riqueza y las rentas del país para proyectos sociales (en forma de Misiones desde el año 2003). En concreto, nos referimos a las 49 leyes promulgadas en diciembre del 2001, que serán profundizadas y aceleradas en los años posteriores, sobre todo desde que en el año 2006 Chávez anunciase el carácter socialista de la revolución. De estas leyes, la principal, por suponer el control público de los beneficios de la exportación de petróleo, será la Ley de Hidrocarburos, que permitirá en un contexto de alza de precios del petróleo la generación de ingresos públicos de la compañía estatal de petróleo (PDVSA) que serán invertidos en sistemas públicos sanitarios, educativos, de viviendas, de infraestructuras, en la diversificación productiva o en importaciones de productos, que mejoraron el nivel de vida de las y los venezolanos. La Ley de Tierras, por su parte, atacó el latifundismo y potenció el acceso a tierras e insumos de la población campesina, así como su capacitación en materia agroecológica. La Ley de Pesca hacía lo propio en ese ámbito, empoderando y ayudando a la pesca artesanal y controlando y limitando el poder de las grandes empresas pesqueras, llegando a prohibir la dañina pesca de arrastre4.

Todas estas medidas revirtieron en el bienestar de las clases populares venezolanas, con la mejora en todos los parámetros de desarrollo humano: reducción de la pobreza y pobreza extrema, lucha contra el hambre y la malnutrición, aumento de la escolarización, aumento del acceso a la sanidad y a la vivienda, censo electoral ampliado, acceso a la cultura e infraestructuras básicas, etc.

En segundo lugar, la V República tenía la voluntad de construir una nueva democracia alejada de los parámetros formales occidentales: una “democracia participativa y protagónica”, que se basaba en el propio tejido organizado popular venezolano y que incluye como poderes no sólo el ejecutivo, legislativo y judicial, sino además el electoral y el ciudadano. Esta democracia participativa dará un giro en el año 2006, con la Ley de Consejos Comunales. Ante el freno de sectores reformistas y, fundamentalmente, las agresiones de la oligarquía y el imperialismo, se propone construir el estado y poder comunal, que constituiría la semilla y base de un poder popular que no dependiera de las instituciones del estado y que hoy en día reúne a cerca de 50.000 consejos comunales agrupados en más de 300 ciudades comunales. Las comunas constituyen hoy en día uno de los pilares de la revolución, espacio de formación de nuevos cuadros y de construcción del socialismo desde sus mismas bases, contando con el apoyo institucional del Ministerio para el Poder Popular de las Comunas. Las clases dominantes tradicionales en Venezuela, tanto oligárquicas como las “clases medias” no pueden soportar que el proletariado, los indígenas y demás capas populares, que siempre han denostado y despreciado, manejen los mecanismos del estado y tengan todo tipo de formas de participar en política, mostrando su reacción racista y clasista.

Por último, esta revolución ha dado gran importancia a la formación y toma de conciencia de la clase trabajadora, cuyo paradigma será la labor pedagógica de Hugo Chávez en el “Aló Presidente”, inaugurado en 1999, pero que ha tenido múltiples expresiones en el trabajo comunal y de educación formal e informal del pueblo trabajador venezolano.

Cabe destacar que todas estas medidas no han significado la instauración de un sistema socialista y que ha generado tensiones internas, una verdadera lucha de clases, incluso dentro de la revolución, donde encontramos dos tendencias. En primer lugar, la reformista y estatalista, reacia a profundizar en la ruptura con el sistema capitalista, representada por sectores urbanos liberales, cuadros técnicos heredados de la IV República y una pequeña y mediana burguesía. Será esta facción la que fomente y se beneficie del mantenimiento de unas relaciones capitalistas de producción en el país, la que haya boicoteado en ciertos momentos la aplicación de políticas socialistas, o la que haya estado envuelta en problemas de corrupción, combatidas por el propio gobierno.

En segundo lugar, la tendencia revolucionaria y comunal, representada por la clase trabajadora organizada en las comunas. Una clase trabajadora diversa, dominada por el aporte proletario, indígena y de mujeres, que representa la base electoral del proyecto bolivariano y la fuerza activa en las calles en defensa del legado chavista, consciente de que una derrota de la revolución significará la vuelta al poder de la oligarquía y la reversión de las políticas sociales y las conquistas obtenidas en las últimas décadas.

Cabe destacar que estas tensiones permiten explicar una parte de las decisiones del gobierno venezolano en estos últimos 25 años. Así, será la presencia de la primera tendencia en los organismos de poder y las instituciones, la que llevó a Chávez a declarar que la revolución debería seguir por una senda socialista y comunalista, desde el año 2006 y, especialmente, con el “golpe de timón” en el 2012. Más allá de esta situación, el principal enemigo del bolivarianismo y del campo comunal se encuentra en la oligarquía venezolana y sus valedores imperialistas, apoyados en momentos por segmentos de las clases medias reaccionarias -oligarquía obrera, profesiones liberales o la pequeña y mediana burguesía-, quienes han declarado una guerra al pueblo venezolano.

Por lo tanto, en síntesis, a nivel interno la revolución vino a trastocar todo el entramado extractivo y expoliador de la renta del petróleo de estas antiguas clases que detentaban el poder político en el país, además de que, con el golpe de timón, las alarmas sonaron en diversos sectores venezolanos por la profundización en la orientación comunal y socialista de la revolución. El imperialismo y la oligarquía venezolana intentaron desde entonces hacer implosionar el proyecto bolivariano, por ser un ejemplo de ruptura con los regímenes tradicionales latinoamericanos y con el imperialismo, y por haber dado voz y voto a las amplias capas populares venezolanas denostadas históricamente y ahora organizadas y cada vez más conscientes.

Pero es que, además, en clave externa, la revolución bolivariana ha impulsado y fomentado nuevos marcos de integración y solidaridad internacional, en lo que supone una ruptura con el imperialismo. Junto a otros países de la región, han cuestionado y puesto en evidencia la política injerencista y neocolonial del patio trasero estadounidense hacia los países de Latinoamérica, fomentando marcos de cooperación e integración como el ALBA-TCP, el UNASUR, el Foro de Sao Paulo, o el petrocaribe. A esto se suma la alianza de Venezuela con actores antiimperialistas como China, Rusia o Irán, que recientemente se ha materializado en la inminente entrada de Venezuela en los BRICS, y que ha tenido y tendrá grandes impactos positivos a nivel comercial, defensivo, tecnológico, financiero, etc. En suma, Venezuela se ha constituido como un actor internacional fundamental en la construcción del mundo multipolar que se está fraguando.

La guerra contra Venezuela

Por todo ello, desde la llegada al poder de Chávez, comenzaron las respuestas de la patronal y sindicatos corruptos antichavistas, apoyados por el imperialismo, floreciendo una auténtica guerra contra Venezuela, con grandes tintes fascistas, racistas e imperialistas. Una guerra que va a tener diversas manifestaciones aplicando conceptos de guerra híbrida y de baja intensidad, unido a golpes de estado e intervenciones armadas. Una guerra que llega hasta el presente y sin la cual es imposible entender las dificultades y enormes frenos con los que han tenido que lidiar los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

1) Los golpes de estado y las guarimbas. Retomando la tradición más oscura tanto de la burguesía venezolana como del imperialismo, la respuesta militar y golpista fue la primera forma que adquirió esta guerra. En concreto, nos referimos al golpe de estado del 11 de abril del 2002 contra Chávez5, que tras ser obligado a renunciar, será restituido por el ejército y un pueblo chavista en las calles [6]. Dos años después, se desarrollarán las primeras guarimbas o episodios de violencia organizados por la oposición de las clases medias y altas contra el gobierno de Chávez. Éstas han sido recurrentes hasta la actualidad para desestabilizar, por la fuerza, al país, normalmente con grupos entrenados paramilitarmente en países vecinos, comprando a sectores de la sociedad venezolana y con la ayuda (económica y militar) y connivencia del gobierno de EEUU. Estas guarimbas se han dirigido de forma criminal contra el pueblo venezolano y, especialmente, contra los sectores bolivarianos (llegando a asesinar, quemar vivos o pegar palizas); así como contra los símbolos del nuevo poder, si bien también han atacado infraestructuras básicas (educativas, sanitarias, culturales) o símbolos de memoria histórica o identitaria (derribo de la estatua del indio Comoroto o del propio Chávez en las actuales guarimbas [7]). Este golpismo se ha visto acompañado por llamados por parte de la oposición, como recientemente ha hecho María Corina [8], a la intervención militar extranjera en el país, demostrando la verdadera cara antipatriótica y fascista de la oposición. Una intervención armada que ha tomado la forma de atentados contra la vida de los dirigentes venezolanos, destacando el atentado en el año 2018 contra Nicolás Maduro.

2) Los golpes suaves. En paralelo a las agresiones violentas y armadas, la oposición ha activado todo tipo de acciones para provocar un bloqueo social e institucional, así como una caída del gobierno, en una tipología de golpes suaves que también se han denominado lawfare. Aquí, destacan la convocatoria de huelgas y paros patronales en los años 2002 y 2003, incluyendo el famoso paro petrolero, que se basaba en la actitud cómplice de un sector del sindicalismo y de la clase trabajadora con la oposición al chavismo. La resistencia y boicot de los técnicos y directivos de PDVSA y su control por el gobierno bolivariano fue una victoria decisiva que permitió el desarrollo de políticas sociales y la redistribución de las rentas del petróleo [9].

Dentro de estos golpes suaves, destaca el de tipo electoral. Desde el año 2002, la oposición ha venido aireando y denunciando, sin pruebas, que el chavismo gana por fraude electoral. Una cantinela que, magnificada por los medios de comunicación occidentales, tratan de minar la credibilidad y legitimidad del proyecto bolivariano. Esto a pesar de que no han existido nunca pruebas fiables de dicho fraude y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) siempre ha publicado los datos del escrutinio, como de hecho ya lo ha realizado de las actuales elecciones [10]. Cabe destacar que el sistema electoral venezolano es de los más seguros y fiables del mundo, más que la mayoría de los occidentales y que las sospechas de fraude tienen que ver con el altavoz mediático de su oposición, exigiendo una velocidad y pruebas que no se exige a ningún otro país.

En contraposición, la oposición y el imperialismo, que consideran fraude electoral siempre que no ganan, han llegado a avalar a un auto-proclamado presidente de Venezuela en la figura de Juan Guaidó en el 2019, de forma irregular, o actualmente a Edmundo González, a pesar de presentar sólo una fracción de las actas y con todo tipo de irregularidades y actas falsas. Asimismo, la acción del CNE se ha venido desarrollando condicionada por los sabotajes de la oposición, como hemos podido ver en estas últimas elecciones, en forma de ataques informáticos, ataques a la infraestructura eléctrica o acoso a los colegios electorales, por lo que se dificulta la publicación definitiva de votos, alimentando el relato de fraude [11]. Por último, hay que señalar la conexión de las empresas demoscópicas con la CIA y el imperialismo estadounidense, utilizadas por la oposición para mostrar su presunta victoria, denunciadas en un reciente estudio [12].

3) La guerra económica. Los paros y huelgas supusieron el primer paso de una larga guerra económica que el imperialismo occidental había practicado antes contra países como Cuba, Chile o Bolivia. La economista Pasqualina Curcio [13] sistematizó en el año 2016 los ataques recibidos por Venezuela en esta materia, que se han venido reproduciendo hasta la actualidad. En primer lugar, la oligarquía, con el control de las grandes empresas importadoras y comercializadoras (como el caso de Alimentación Polar, emparentada directamente con el opositor Leopoldo López [14)], industrias y, hasta el 2003, PDVSA, han boicoteado el suministro de distintos bienes estratégicos, como el petróleo y, posteriormente, bienes de alimentación básicos como la harina de maíz, arroz, café, carne, pasta, aceite, azúcar o leche.

En segundo lugar, se ha producido una inflación inducida, forzada y planificada desde el exterior, especialmente desde el año 2012 en lo que respecta al cambio paralelo del bolívar con el dólar. Esto ha supuesto un verdadero lastre para la economía familiar y doméstica venezolana, empobreciendo a la clase trabajadora. En tercer lugar, se ha desarrollado un bloqueo financiero internacional, condicionado por los elevados índices de riesgo-país impuestos a Venezuela.

En cuarto lugar, la burguesía venezolana ha realizado una constante fuga de capitales que ha debilitado a la economía. Por último, Venezuela ha sido sometida a un bloqueo económico con cerca de 1.000 medidas coercitivas unilaterales (mal llamadas sanciones) por parte de EEUU, la Unión Europea y otros países aliados occidentales desde el año 2006. Éstas tienen como mayor expresión el robo de activos por parte de Gran Bretaña o de la compañía petrolera CITGO. Este conjunto de ataques económicos deben considerarse como un verdadero «castigo colectivo» al pueblo venezolano, impidiendo el desarrollo de políticas sociales y destruyendo la economía del país, como hemos visto en esta última década, lo cual ha provocado una hiperinflación, carestía de productos básicos, aumento de la deuda pública [15] y una emigración sin precedentes. Sin embargo, muchos de estos parámetros han ido mejorando en los últimos años gracias a las medidas gubernamentales.

4) La guerra mediática y comunicativa. Nos referimos a la agresión informativa, que hace pasar por verdades incuestionables informaciones sesgadas o falsas sobre lo que ocurre en el país. Este control de la propaganda y la información por conglomerados mediáticos están dirigidos por multinacionales capitalistas de la información que hacen y deshacen a su antojo, utilizando, cuando conviene, fake news, y llegando a millones de ciudadanos en todo el mundo. Frente a una supuesta libertad de prensa en el mundo capitalista, lo cierto es que existe un control total por estos conglomerados del relato y una sobre y desinformación sobre los temas que interesan para dirigir la opinión de la ciudadanía. A esto se suman la utilización de figuras públicas, del ámbito de la cultura, los deportes o partidos políticos para aumentar su altavoz, como hemos podido ver en la actual agresión mediática.

Estas cuatro dimensiones de la guerra que se dirige contra Venezuela dificultan y ponen trabas a la revolución bolivariana que se está ensayando en el país, agudizando las contradicciones y tensiones. Esto, lejos de ser algo exclusivo del caso venezolano, lo podemos analizar en cualquier proceso político. Ninguna revolución es un proceso ideal, puro o perfecto, ni siquiera las socialistas, existiendo tensiones, avances y retrocesos, como la experiencia soviética, china, cubana, etc. nos demuestran. Para el caso del análisis de Venezuela y la gestión gubernamental es imprescindible comprender estas contradicciones en un doble contexto: en primer lugar, el de heredar un país neocolonizado y con una gran debilidad económica estructural, que impide la construcción del socialismo de forma directa. Y en segundo lugar, la guerra abierta que hemos rastreado.

No obstante, cabe destacar que, a pesar de esta guerra, los sucesivos gobiernos venezolanos han conseguido mantener la llama de la revolución, materializada de forma viva en las comunas; ahondar en el proyecto bolivariano; conseguir nuevos socios y aliados internacionales; defender al país frente a la injerencia extranjera; y, como dijimos en el caso económico, mejorando ciertas variables en los últimos años, destacando la diversificación productiva en el país, las mejoras en la producción de alimentos y un crecimiento general de la economía.

El papel de la izquierda y la solidaridad antiimperialista

Frente a esta situación, una parte de la izquierda intenta analizar la realidad venezolana sin tener en cuenta la dictadura al descubierto a la que someten al pueblo venezolano los países capitalistas imperialistas. En un principio, para las izquierdas occidentales acomodadas al juego y marco parlamentario, reacias a planteamientos revolucionarios o rupturistas, el ejemplo de Chávez cumplía todos los requisitos para ser bien visto. Bebiendo de ese marxismo occidental que denunció Losurdo [16], veían a este líder puro y heroico venezolano como un ejemplo de la rebeldía que, además, ¡ha llegado por la vía electoral! No obstante, en cuanto la revolución bolivariana mostró sus contradicciones, enfrentó tensiones, debió defenderse, armarse y contratacar, sufrió sabotajes, ataques de todo tipo y no siguió una senda pura o perfecta, una buena parte de la izquierda occidental la ha dejado de lado. Un sector, siguiendo el relato imperialista y de la derecha venezolana, lo hace por “antidemocrática” o por haber tenido una “mala gestión económica”. Y realizan esta crítica sin plantear el origen de dichos problemas económicos o sin comprender que la oposición es la verdaderamente antidemocrática, como ha demostrado en todos estos años.

Otro sector, desde el teoricismo o esquematismo revolucionario, la hace por considerar el chavismo como reformista, burocrático o burgués. Quienes analizan la revolución bolivariana como simplemente una revolución burguesa o como un proyecto reformista, no comprenden el papel del proletariado en dicha revolución y el margen que existe para su fortalecimiento. De esta manera, no entienden ni las dificultades que ha atravesado ni el papel histórico que juega la revolución bolivariana como proceso soberano antiimperialista en un país históricamente empobrecido y sometido al dominio neocolonial, que abre las puertas a la posibilidad de construir el socialismo. Destacan también en estas críticas la incomprensión de las revoluciones antioligárquicas en un contexto imperialista. Incluso aceptando que la revolución bolivariana fuera exclusiva de la pequeña y mediana burguesía venezolana, aspecto que negamos, en ningún caso podría equipararse esta burguesía bolivariana a la oligarquía venezolana como una “pugna de burguesías”, ya que la segunda es el garante y la expresión del gran capital internacional y sus intereses imperialistas, de carácter más reaccionario y fascista que la primera. Un imperialismo que es el responsable, en última instancia, de la mayor parte de dificultades que atraviesa el país en los últimos años [17].

Frente a estos planteamientos, defendemos como guía de acción, para los pueblos que vivimos en el centro imperialista, la solidaridad internacionalista con los pueblos del Sur Global que luchan por su soberanía y desarrollo. Dicho esto, bienvenido sea el debate y la crítica, bienvenido sea señalar la necesidad de ahondar en el poder popular comunal. Pero bienvenido sea también el saber hacer las críticas: tanto en la forma, como en el tipo de argumentos y el momento. Que esta crítica no sirva para dar alas a la derecha fascista, poniendo palos en las ruedas al proceso bolivariano, y a nuestras propias luchas [18]. Máxime cuando son nuestros propios gobiernos y capitales los que están declarando dicha guerra al pueblo venezolano: ¡nuestro apoyo a desenmascarar los relatos imperialistas desde su origen es más necesario que nunca!

La defensa de ésta como de otras revoluciones antiimperialistas, aún con sus contradicciones, es más necesaria que nunca en tiempo de ascenso del fascismo y de la reacción imperialista, que busca redoblar la explotación y el expolio, principalmente, en países del Sur Global como Venezuela.

Recomendamos ver la entrevista realizada días previos a las elecciones al diplomático venezolano Wilmer Depablos.

[1] En general, para una revisión de todo el proceso bolivariano, recomendamos la lectura de Arantxa Tirado Sánchez “Venezuela. Más allá de mentiras y mitos”, publicado en 2019 en la editorial Akal.

[2] Cuando llego Chávez al poder, el 25% de la población estaba indocumentada, lo cual fue revertido bajo Chávez con la Misión identidad.

[3] De más está señalar las históricas relaciones entre las burguesías españolas y Venezuela, con grandes intereses en materia energética y financiera de mano de multinacionales como Repsol, Endesa, BBVA o Santander.

[4] Hay una serie de vídeos muy didácticos sobre estas leyes en el canal de Youtube de Hecmili Thomas: https://www.youtube.com/@hecmilithomas6702

[5] Un golpe de estado orquestado y apoyado por EEUU y España. https://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/24/espana/1101319375.html

[6] Recomendamos ver el conocido documental, “La revolución no será televisada” sobre el golpe de estado del 2002. https://www.youtube.com/watch?v=gY2CaFMaw5E&ab_channel=DieterMueller

[7] https://www.instagram.com/mundopoderok/reel/C-Bob4sNkSG/

[8] https://misionverdad.com/venezuela/la-incesante-campana-de-maria-corina-machado-por-la-intervencion-militar

[9] https://defonline.com.ar/internacionales/pdvsa-una-herramienta-clave-de-la-revolucion-bolivariana/

[10] https://www.diario.red/articulo/america-latina/cne-publica-segundo-recuento-9687-dando-victoria-maduro-5195-votos-frente-4318-edmundo-gonzalez/20240802210629033583.html

[11] Para informarse sobre la realidad electoral venezolana y la ausencia de fraude, recomendamos este par de hilos de twitter de la abogada constitucionalista venezolana Olga Álvarez (https://twitter.com/AmalCandanguera/status/1818586434938237082) y este vídeo de Monedero (https://www.instagram.com/p/C-G-8OMPBjP/?hl=es).

[12] https://geopoliticaeconomica.com/2024/07/29/venezuela-edison-research-gobierno-eeuu-fraude-electoral/

[13] https://www.albatcp.org/wp-content/uploads/2022/11/La%20Mano%20Visible%20del%20Mercado.pdf

[14] http://radiomundial.com.ve/el-desfalco-historico-de-la-familia-mendoza-venezuela/

[15] https://www.cadtm.org/La-situacion-de-la-deuda

[16] https://arxiujosepserradell.cat/wp-content/uploads/2023/07/El-marxismo-occidental.-Co%CC%81mo-nacio%CC%81-co%CC%81mo-murio%CC%81-y-co%CC%81mo-puede-resucitar-Domenico-Losurdo-z-lib.org_.pdf

[17] En el año 2017 ya desarrolló esta tesis Iniciativa Comunista. https://iniciativacomunista.net/2024/08/02/chovinismo-venezuela/

[18] Sobre la vinculación entre la derecha venezolana y la española, ver https://ctxt.es/es/20200501/Politica/32309/venezuela-barrio-salamanca-protestas-caravana-ultraderecha-maduro-guaido-arantxa-tirado-william-serafino.htm

sábado, 3 de agosto de 2024

¿UN NUEVO INTENTO DE GOLPE EN NOMBRE DE LA "DEMOCRACIA" EN VENEZUELA?

 Carmen Parejo Rendón

RT, 01/08/2024

El pasado 28 de julio tuvieron lugar las elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. El domingo en la noche, el Consejo Nacional Electoral (CNE), única autoridad competente, ofrecía una rueda de prensa donde confirmaba que con más de 80 % de los votos escrutados, la tendencia irreversible daba la victoria al candidato Nicolás Maduro Moros.

Este año han coincidido eventos electorales en varias partes del mundo, como en El Salvador, Finlandia, Rusia, Eslovaquia, Senegal, México y la República Islámica de Irán. A su vez, también se produjeron comicios al parlamento europeo, y, en consecuencia, el adelanto de las Legislativas en la República Francesa. Reino Unido también fue a las urnas durante el mes de julio.

Aunque todos estos procesos tuvieron presencia en los medios y fueron comentados por los principales líderes políticos, lo cierto es que, en ningún caso, obtuvieron la atención que han tenido los comicios en Venezuela, tanto durante la jornada electoral, como en los días previos y posteriores a la votación. En ese sentido, podemos advertir una anomalía sobre la que deberíamos preguntarnos a qué responde.

Los intentos para hacer caer el proceso político y popular en Venezuela han sido múltiples y variados durante todos estos años.

El 20 de octubre de 2019 tuvieron lugar las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. El resultado oficial daba una holgada victoria al entonces presidente Evo Morales, frente al rival opositor de la derecha, Carlos Mesa; una victoria de más de diez puntos que garantizaba no tener que acudir a una segunda vuelta.

No obstante, meses antes, sectores de la derecha boliviana alertaban de un posible fraude electoral. Aunque sin pruebas, el relato fue tan fuerte en algunos casos que hasta se abstuvieron de presentar candidatos. Y no estaban solos en la construcción de esta narrativa.

Desde EE.UU. y la Unión Europea se sembró durante semanas una duda mediática sobre el proceso electoral boliviano, que incluyó sorprendentes cambios de posición. En enero de 2019, Matthias Sonn, entonces embajador de Alemania en Bolivia, aseguraba que el Tribunal Supremo Electoral tenía una reputación muy buena, y que los procesos electorales en el país andino eran efectivos y muy respetados; pero solo unos meses después, en septiembre, el diplomático Stefan Duppel consideraba que había "desconfianza" en el país respecto a las elecciones, mostrando su "preocupación" por el día después de los comicios. 

Esta matriz de opinión, que se fue fraguando basada en pura especulación y sin aportar pruebas, se reforzó después del proceso electoral gracias a un informe preliminar, presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA), fácilmente desmontable, pero que sirvió para asentar en la opinión pública el relato sobre un proceso no confiable.

Las consecuencias fueron dramáticas: la confirmación de un golpe de Estado en el país; la creación de un gobierno de facto dirigido por Jeanine Añez, actualmente en prisión; y la fuerte represión que dejó centenares de víctimas, destacando masacres como las perpetradas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (barrio de la ciudad de El Alto) en noviembre de 2019, durante las protestas populares.

Las motivaciones internacionales en el caso boliviano son fácilmente descifrables. Por un lado, las reservas de litio del país andino; y, en segundo lugar, la ofensiva contra el gobierno popular de Evo Morales. Esa arremetida fue en contra de una tendencia emancipatoria general que, específicamente en América Latina, aboga por un desarrollo independiente y, en consecuencia, implica un enfrentamiento directo a los intereses económicos de las principales potencias imperialistas.

Por eso, el embajador de Reino Unido en Bolivia, en marzo de 2020, aseguraba en relación con el litio: "El gobierno anterior no estaba muy a favor de la inversión extranjera. Entonces, con los cambios que vamos a ver, será más fácil ingresar al mercado y hacer negocios".

Estamos presenciando cómo se intenta favorecer un clima golpista en nombre de la 'democracia', al igual que ocurrió en Bolivia. Las declaraciones políticas de desconocimiento al proceso electoral, los comunicados ambiguos, e incluso la propuesta de gobiernos de facto, han ido abonando este terreno.

Estas últimas semanas hemos podido observar cómo este guion se repetía en el caso venezolano. La República Bolivariana de Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, a su vez, desde el triunfo de Hugo Chávez en 1998, ha sido un faro regional e internacional de defensa del multilateralismo y de la emancipación de los pueblos ante un capitalismo globalizado y dependiente, y de los procesos de integración y unidad de los pueblos latinoamericanos.

Los intentos para hacer caer el proceso político y popular en Venezuela han sido múltiples y variados durante todos estos años. La mal llamada 'Comunidad Internacional' ha perpetrado violencias físicas, económicas, mediáticas y políticas, que, sin embargo, no han resultado efectivas en su objetivo de deponer a la Revolución Bolivariana.

En estas elecciones en la República Bolivariana de Venezuela había más de 900 veedores internacionales en el terreno, entre los que yo misma me encontraba, que tuvimos la oportunidad no solo de observar el proceso, sino de preguntar y ser atendidos por los representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en cada una de nuestras interrogantes o inquietudes. A su vez, el mundo entero, estaba, como señalé al inicio, pendiente de estos comicios, con un despliegue mediático completamente inaudito.

En la actualidad Venezuela padece más de 900 medidas coercitivas en su contra, impuestas por EE.UU. y la Unión Europea, lo que se ha traducido en un daño económico contra su pueblo y ha impedido el desarrollo natural de su proceso político y social.

Sin embargo, estas elecciones, confirmaban de nuevo el fracaso del asedio contra este país. Ante ello, estamos presenciando cómo, al igual que ocurrió en Bolivia, se intenta favorecer un clima golpista en nombre de la 'democracia'. Las declaraciones políticas de desconocimiento al proceso electoral, los comunicados ambiguos, e incluso la propuesta de gobiernos de facto, han ido abonando este terreno.

La misma 'comunidad internacional' que exige garantías "democráticas" en Venezuela, en días previos aplaudía al genocida Bejanmín Netanyahu en el congreso de EE.UU.

Mientras, la misma 'comunidad internacional' que exige garantías "democráticas" en Venezuela, en días previos aplaudía al genocida Bejanmín Netanyahu en el congreso de EE.UU. y sigue considerando a Volodímir Zelenski como presidente de Ucrania, pese a que su cargo expiró el 20 de mayo de 2024 y no ha convocado elecciones.

Tampoco exigieron actas ni pruebas ni auditorías de garantía cuando Donald Trump denunció fraude tras las elecciones que dieron la victoria a Joe Biden. Ni hemos visto cómo se exigían actas en las elecciones al parlamento europeo, o en el Reino Unido o Francia.

Ante todo esto, podemos concluir que este espectáculo de "preocupación democrática", una vez más, no es más que una estrategia de injerencia política con unos fines muy determinados.

miércoles, 24 de julio de 2024

¿ESCUDO CONTRA ‘FAKE NEWS’ O CENSURA Y LISTAS NEGRAS, POR ORDEN DE LA OTAN?

Diario Octubre, 24/07/2024

“Pretenden perseguir y prohibir a quienes no comparten las tesis militares de la OTAN. Ya lo han hecho con los medios rusos, su objetivo es seguir prohibiendo y persiguiendo todo y a todos los que molesten»


Yarisley Urrutia (Sputnik).— La UE anuncia un «escudo europeo» contra la desinformación, Pedro Sánchez presenta un plan para «reforzar la libertad de expresión» y un informe de la inteligencia militar española identifica un supuesto «ecosistema de desinformación ruso» con 279 emisores.

Los analistas consultados ven intención de prohibir voces contrarias a las tesis de la OTAN. “Con el objetivo de enfrentar amenazas híbridas, ciberataques, discursos de odio y campañas de desinformación”, la Comisión Europea ha pergeñado un proyecto dentro del Plan de Acción para la Democracia para combatir injerencias extranjeras en la producción de información.

Se trata de un «escudo europeo para la democracia», tal y como lo describió Ursula von der Leyen durante el discurso de su reelección por otros cinco años al frente de la Comisión Europea. Para proteger «la libertad, la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación», este organismo ha pedido a los Estados miembros la asunción de las correspondientes medidas a nivel nacional. El objetivo es luchar «contra la desinformación» mediante una red europea de agencias de verificación de noticias.

En realidad, el proyecto busca reforzar la línea de acción de la unidad de comunicación estratégica adscrita desde 2014 al Servicio de Acción Exterior de la UE. Esta unidad es la encargada de detectar narrativas que, a su juicio, se consideren inapropiadas y de solicitar su eliminación en virtud del reglamento de Servicios Digitales de la UE. La decisión ulterior corresponde a los países miembros.

En España, el anuncio de Von der Leyen coincidió con el debate en sede parlamentaria de cómo frenar la desinformación que enturbia la política nacional. Por ejemplo, la que se vierte en determinados tabloides digitales que, además, reciben subvenciones públicas. Tras el amago de renuncia de Pedro Sánchez y el cerco mediático en torno a su esposa so pretexto de su supuesta implicación en casos de corrupción, el tema es candente a nivel doméstico.

Al socaire de este contexto, el presidente español esbozó las líneas maestras del Plan de Acción por la Democracia, bajo cuya égida se abordarán cambios en los ámbitos del poder ejecutivo y los medios de comunicación, así como reformas en la legislación para «reforzar la libertad de expresión» y garantizar el derecho a la «información veraz» que consagra el artículo 20 de la Constitución Española.

«No es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnets de fiabilidad entre unos medios de comunicación y otros. Esa labor le corresponde al ciudadano –afirmó Pedro Sánchez en el Parlamento–, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa».

Las palabras de Sánchez entrañan una contradicción, pues se asume el compromiso de dar forma en España a un plan europeo que precisamente «reparte carnets de fiabilidad» entre los medios y dicta los que son correctos y los que cabe censurar.

Es decir, se atenta en realidad contra el propio artículo 20 de la Constitución, que en realidad consigna que el ejercicio de ese y otros derechos «no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa».

El informe de la inteligencia militar

También con ocasión de los anuncios en Bruselas y en Madrid del plan para luchar contra la desinformación, una fuente militar de El Periódico, presumiblemente la misma que filtró a este diario que militares ucranianos espían en España a ciudadanos españoles, reveló la existencia de un informe del Ejército español que analiza el funcionamiento de un supuesto «ecosistema de desinformación de Rusia en España».

Los analistas de inteligencia militar estudiaron los focos emisores de «argumentarios, declaraciones y bulos» entre febrero y agosto de 2022 y constataron la existencia de 18 «narrativas rusas» distribuidas a través de «cuatro pilares». A saber:

Las representaciones diplomáticas rusas en España; plataformas creadas en Rusia o financiadas por el Kremlin; plataformas creadas por ciudadanos españoles o por ciudadanos rusos residentes en España (cámaras de comercio, fundaciones, centros de formación); «agentes de influencia» en diversos medios de comunicación (líderes de opinión, tertulianos o intelectuales) «que no necesariamente han de ser conscientes de que transmiten narrativas rusas».

En el informe, los militares españoles someten a análisis, por ejemplo, la narrativa sobre los laboratorios ucranianos de armas biológicas, que califican de falaz. También detectaron mensajes sobre la necesidad de iniciar unas negociaciones de paz en Ucrania o sobre la rusofobia en Occidente.

Se señala la existencia de 279 focos emisores de «información prorrusa» y de 191 «agentes de influencia». Muchas de estas personas tendrían «relevancia pública» y la capacidad de «multiplicar la desinformación», ya sean conscientes o no.

La investigación pone nombre y apellidos a la actividad de las narrativas estudiadas, como Pedro Mouriño, empresario y cónsul honorario de Rusia en Galicia, la corresponsal en EEUU de RT, Helena Villar, o el director del portal de análisis Geoestrategia.es y director del Instituto Español de Geopolítica, Juan A. Aguilar.

En conversación con Sputnik, el propio Aguilar califica de «grave» el hecho de que las Fuerzas Armadas estén espiando a ciudadanos españoles.»¿Basándose en qué? ¿Por asuntos que son internacionales y que no nos afectan directamente?

Es una orden de la OTAN que se envía a Bruselas y de ahí a los Ministerios de Defensa de cada país. Esto solo puede venir de un sitio: del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN», declara Aguilar.

Este analista sostiene que el ente castrense que ha elaborado el informe es el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), un aparato que, a su juicio, se habrá limitado a seguir las instrucciones que le llegan de la OTAN y que no necesariamente habrá incurrido en un conflicto de intereses con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente de Presidencia de Gobierno y no del Estado Mayor de la Defensa.

«El CIFAS no tiene mucho personal, pero se alimenta de las segundas secciones de Estado Mayor de todas las unidades», explica. Y esas segundas secciones no son especialistas en inteligencia militar, a menos que operen en alguna misión internacional. «Informan de lo que ocurre dentro de su acuartelamiento y de su unidad militar, nada más».

«Habrán recibido la orden de preparar algún informe y han ido rellenando con lo que han encontrado. Han hecho una búsqueda en Google, es la realidad. Han llegado a 279 emisores de información y si les dejan un poco más llegan a 350, seguro», afirma en tono irónico

Acallar la disensión

El informe alude negativamente a la actividad profesional de medios como las agencias Xinhua y Sputnik, y los canales RT e HispanTV. Tilda de «intoxicación» los contenidos publicados en redes sociales y plataformas como YouTube.

Da la impresión de que el informe evidencia la tendencia en la UE de perseguir opiniones y enfoques editoriales que no atiendan al discurso narrativo de la OTAN. En este sentido, el procedimiento de calificar de agentes extranjeros a las voces discordantes es propio de las «dictaduras más clásicas» y, acaso, un signo totalitario, explica a Sputnik el periodista e investigador de medios de comunicación Pascual Serrano, que ve un deseo de «criminalizar» la opinión disidente.

«Se pretende perseguir y prohibir a quienes no comparten las tesis militares de la OTAN. Ya lo han hecho con los medios rusos, su objetivo es seguir prohibiendo y persiguiendo todo y a todos los que molesten», asegura.

El informe del CIFAS también da cuenta de actos públicos como reuniones o conferencias en tanto que lugares para «convencer o reclutar» a personas influyentes en interés de las posiciones del Kremlin. E incluso señala a dirigentes de la Iglesia Ortodoxa en España por, supuestamente, «difundir consignas sobre la actitud a adoptar los ciudadanos rusos en el país si son preguntados sobre el conflicto en Ucrania».

Despropósito y chapuza

Los resultados filtrados del informe, una especie de designación práctica de los objetivos marcados por el Plan de Acción para la Democracia de la UE y que Pedro Sánchez replicará en España, no solo suponen un principio de contradicción con el artículo 20 de la Constitución Española sobre el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. También contradicen los postulados en este sentido de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Una contraproducente lógica de mentalidad política de bloques parece gobernar el diseño del plan de la UE, que obvia que los argumentos para señalar medios y voces discordantes con el relato euroatlántico tiene un efecto boomerang, dado que entraña una lógica simétrica.

«Porque yo podría decir que Televisión Española es una plataforma con origen en España o financiada por La Moncloa, quienes no comparten la tesis de los BRICS son agentes de influencia de la OTAN y que los diplomáticos españoles son agentes que adoptan narrativas para crear mensajes difundidos por La Moncloa. ¿A qué suena ridículo?», argumenta Pascual Serrano.

Por otra parte, las conclusiones del informe del CIFAS son «torpes» y el trabajo está realizado con poco esmero, recuerda Juan A. Aguilar. «Es una chapuza. Citan el caso de los biolaboratorios como si fuera una invención de Sputnik, cuando la propia Victoria Nuland reconoció su existencia durante una sesión en la Cámara de Representantes del Congreso de los EEUU», afirma.

Con la OTAN sí o sí

La situación es inédita. Los análisis y proyectos políticos descritos chocan con posiciones legítimas e históricas dentro de la UE y de la propia España, donde las posiciones antimilitaristas siempre fueron importantes aun cuando el país está adherido a la OTAN desde 1981, una membresía ratificada en referéndum en 1986 mediante un resultado ajustado.

De hecho, tal membresía se ratificó con tres condiciones: la progresiva reducción de bases militares de EEUU en España, la no inclusión del país en la estructura militar integrada de la alianza y la prohibición de instalar o almacenar armamento nuclear en el territorio. Las dos primeras condiciones se han incumplido flagrantemente; España se integró en la estructura militar y aparecieron más bases de EEUU y la OTAN con más armamentos.

Recordar tales incumplimientos, abogar por conversaciones de paz sobre el conflicto en Ucrania o criticar los proyectos de la Comisión Europea de crear una nueva comisaría de Defensa, un mercado único de defensa dentro de una Unión Europea de la Defensa y, ahora, el «escudo europeo» contra la «desinformación», otorga la condición de «agente de influencia extranjero», a juicio de los funcionarios de Bruselas. ¿Siguen confeccionándose listas negras en España como en 2016?

Al respecto, Juan A. Aguilar recuerda que el medio que dirige ya fue incluido «hace unos años» en el informe Elisa del CNI y del Centro Criptológico Nacional (CCN) sobre «narrativas desinformativas». «No hemos sentido especial presión, y eso que solicitamos por burofax al CNI que nos retiraran de ese informe», cuenta Aguilar, convencido de que, pese a las apariencias, el CNI no lo hizo. En su opinión, no hace falta hacer informes para detectar los diversos enfoques, sino para señalarlos.

«Conocen perfectamente desde hace 11 años la línea editorial de nuestra publicación. Es tan evidente que no hace falta investigar nada», concluye, indignado por la asunción en los distintos escalafones del poder de que quien defienda puntos de vista diferentes a los pregonados por la OTAN y la Comisión Europea es necesariamente un «agente al servicio de los intereses de Moscú o Pekín».

martes, 23 de julio de 2024

CÓMO LOS GIGANTES OCCIDENTALES DE LA GRAN TECNOLOGÍA PERMITEN LA OCUPACIÓN ISRAELÍ

Kit Klarenberg

Geopolitika.ru, 22/07/2024

Hewlett Packard, Motorola y otros conglomerados tecnológicos occidentales han estado profundamente implicados en el suministro de la infraestructura tecnológica que sustenta el apartheid israelí y el colonialismo de colonos. Así es como se benefician de la opresión de los palestinos.

El 10 de julio, el periódico hebreo Maariv informó de que 46.000 empresas israelíes se han visto obligadas a cerrar debido a la guerra de Gaza y a sus devastadores efectos en la economía. El medio se refería a Israel como un «país en colapso».

Los lectores habituales de The Cradle serán muy conscientes de la magnitud del colapso económico del Estado de ocupación desde que comenzó el genocidio de Gaza. Sin embargo, su efecto en el precipitado declive del sector tecnológico de Tel Aviv, antaño floreciente, sigue siendo poco explorado.

Complicidad en la infraestructura de ocupación

A mediados de junio, los principales medios de comunicación informaron de que el gigante de los chips Intel estaba interrumpiendo la ampliación de un importante proyecto de fábrica en Israel, que estaba previsto que aportara 15.000 millones de dólares adicionales a la economía de la entidad ocupante.

Intel es sólo uno de los gigantes tecnológicos cuya suerte se ha deteriorado desde que los combatientes palestinos por la libertad rompieron los muros del campo de concentración de Gaza el 7 de octubre de 2023.

La misma suerte han corrido múltiples empresas tecnológicas orientadas al consumidor que se benefician de la expansión ilegal de los asentamientos sionistas, que también proporcionan infraestructuras y recursos utilizados para oprimir a los palestinos e imponer el apartheid de Tel Aviv.

Esta semana, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la presencia continuada de Israel en territorio palestino ocupado es ilegal y debe terminar «lo antes posible». En particular, el tribunal abrió la puerta a «reparaciones» por cualquier acción ilegal llevada a cabo por Israel y otras entidades desde 1967.

Múltiples empresas tecnológicas occidentales orientadas al consumidor que no sólo se benefician de la expansión ilegal de los asentamientos judíos, sino que proporcionan activamente la infraestructura y los recursos básicos utilizados para oprimir a los palestinos e imponer el apartheid de Tel Aviv, podrían ahora ser objeto de demandas judiciales.

La sentencia histórica de la CIJ significa que la viabilidad a largo plazo de las operaciones de estas empresas tecnológicas en los territorios ocupados está moribunda, por temor a las repercusiones legales, entre otras cosas.

Teniendo en cuenta que Alemania se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados de la CIJ por su apoyo y facilitación del genocidio en Gaza, el conglomerado tecnológico Siemens, con sede en Múnich, es uno de los culpables.

La empresa está «centrada en la automatización y digitalización en las industrias manufactureras, infraestructuras inteligentes para edificios y sistemas de energía distribuida, soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario, y tecnología médica y servicios sanitarios digitales». Sus productos son profusos en todo el Estado de ocupación y sus asentamientos ilegales.

Los sistemas de control de tráfico y los semáforos producidos por Siemens pueden encontrarse en zonas de Cisjordania por las que los residentes palestinos tienen prohibido circular. En 2014, la subdivisión israelí de la empresa, RS Industries, ganó un concurso para suministrar sistemas de control de tráfico también en todo el municipio de Jerusalén -Jerusalén Este, designada como capital del Estado palestino, fue ocupada en 1967, y entra dentro del mandato de la CIJ-.

En otros lugares, Siemens suministra sus coches modelo DDEMU para el tren rápido Tel Aviv-Jerusalén y, en 2018, obtuvo un contrato de mil millones de dólares de los Ferrocarriles de Israel, propiedad de la entidad, para suministrar 330 coches eléctricos como parte del proyecto de electrificación de Israel, que incluye el tren rápido Tel Aviv-Jerusalén (A1).

Se trata de un proyecto muy controvertido que atraviesa dos zonas de Cisjordania, incluidas tierras palestinas ocupadas de propiedad privada, y está destinado al uso exclusivo de judíos israelíes.

Don't Buy Into Occupation (DBIO) declara: «Las actividades de Siemens son preocupantes, ya que están vinculadas al suministro de servicios y utilidades que apoyan el mantenimiento y la existencia de asentamientos».

Sin embargo, las actividades de la empresa van mucho más allá. A través de su representante israelí, Orad Group, la empresa suministra equipos y tecnología al tristemente célebre Servicio de Prisiones de Israel (SPI).

En 2004, el Grupo Orad proporcionó un sistema de seguridad perimetral basado en tecnología Siemens a la prisión de Gilboa, un centro de detención destinado específicamente a los presos políticos palestinos. Siemens también suministra al SPI un sofisticado sistema de detección y extinción de incendios.

Conectando asentamientos

La marca estadounidense Motorola es ampliamente reconocida por sus innovadores dispositivos smartphone. Sin embargo, DBIO ha documentado meticulosamente la implicación de la división de Motorola en Tel Aviv en la expansión de los asentamientos durante la última década.

El gigante tecnológico ha colaborado estrechamente con las fuerzas de ocupación israelíes, el Ministerio de Defensa y los consejos de asentamientos sionistas en los territorios ocupados ilegalmente. Un ejemplo destacado de esta colaboración es el sistema de vigilancia «MotoEagle», diseñado para vigilar a los colonos en tierras apropiadas, operar dentro de las bases militares de ocupación y supervisar el muro de separación del campo de concentración de Gaza.

En particular, se han instalado estaciones de radar producidas por Motorola en terrenos palestinos privados apropiados ilegalmente, restringiendo la circulación de los palestinos en esas zonas. Además, Motorola suministra el sistema Zramim del Ministerio de Defensa, una operación de tarjetas inteligentes utilizada en los puestos de control israelíes para controlar el transporte de mercancías.

Los conductores, comerciantes y empresas de transporte palestinas están obligados a registrar sus datos personales en este sistema, lo que permite a Tel Aviv controlar meticulosamente todos los puntos de entrada y salida.

La empresa es también contratista preferente de sistemas de seguridad interna en numerosos asentamientos de ocupación. El consejo regional del Valle del Jordán, que abarca más de 20 asentamientos en la Cisjordania ocupada, emplea múltiples productos de Motorola, incluidos sistemas de mando y control y cámaras de vigilancia. Además, la Autoridad de Población e Inmigración del asentamiento de Beitar Illit utiliza Motorola para sus necesidades de seguridad.

En 2022, Motorola Solutions consiguió un contrato para suministrar cámaras de seguridad y recursos de control de entrada para toda la Línea Verde del Tren Ligero de Jerusalén (JLR). Esta ruta une el asentamiento de Gilo, en la Jerusalén Este ocupada, con el centro de la ciudad y los asentamientos de Ramat Eshkol, Ma'alot Dafna y French Hill, facilitando la conectividad entre los enclaves de los colonos y apoyando su movimiento. En consecuencia, Motorola ha sido incluida en la base de datos de la ONU de empresas que se benefician de la expansión ilegal de los asentamientos.

Impulsar el apartheid

Hewlett Packard Enterprises (HPE), que se escindió del proveedor de ordenadores personales e impresoras Hewlett Packard en 2015, es una de las empresas estadounidenses más rentables. Sin embargo, es menos conocido que HPE suministra y gestiona gran parte de la infraestructura tecnológica que sustenta el apartheid y el colonialismo de colonos del Estado de ocupación.

Por ejemplo, HPE suministra servidores «Itanium» y servicios de mantenimiento a la Autoridad de Población e Inmigración de Tel Aviv. Esta informatizó el sistema de puestos de control de Israel al tiempo que almacenaba enormes cantidades de información sobre todos los palestinos con ciudadanía israelí y los palestinos residentes no ciudadanos de la Jerusalén Oriental ocupada.

HPE contrata directamente con los municipios de colonos ilegales de Modi'in Ilit y Ariel, dos de los mayores asentamientos exclusivamente judíos de Cisjordania, prestándoles una serie de servicios. Además, HPE mantiene el sistema central de servidores del Servicio de Prisiones Israelí (SPI), lo que sitúa a la empresa en el centro del uso que Tel Aviv hace del encarcelamiento masivo para reprimir la resistencia palestina. Un informe de Human Rights Watch de 1994 destacaba este hecho al señalar:

«La extracción de confesiones bajo coacción, y la aceptación como prueba de tales confesiones por los tribunales militares, forman la columna vertebral del sistema de justicia militar de Israel».

Además, HPE es el principal proveedor del sistema Basel, un sistema biométrico automatizado de control de acceso empleado en los puestos de control israelíes y en el muro del apartheid de Gaza. Las tarjetas de identidad distribuidas con Basil son parte integrante de la discriminación sistemática contra los palestinos.

Los puestos de control, por su diseño, segregan y fragmentan los Territorios Palestinos Ocupados y a sus habitantes, separando a los trabajadores de sus lugares de trabajo, a los estudiantes de sus escuelas y a las familias entre sí mediante vallas electrificadas, torres de vigilancia y barreras de hormigón.

Contraintifada electrónica

Este sistema forma parte de un estado de sitio más amplio bajo el que viven los palestinos desde hace décadas, intensificado significativamente por el sellado de Gaza y Cisjordania. La marina israelí, otro cliente de HPE, confía en la infraestructura informática y los servicios de apoyo de la empresa. El asedio restringe gravemente la circulación de bienes y personas dentro y fuera de los territorios palestinos, con el objetivo explícito de aplastar la resistencia palestina.

En 2006, Dov Weisglass, asesor del entonces primer ministro israelí Ehud Olmert, explicó: «La idea es poner a dieta a los palestinos, pero no hacer que se mueran de hambre». Se esperaba que los retortijones de hambre provocados por una ingesta calórica limitada animaran a los palestinos a rechazar a Hamás o, al menos, obligaran a sus combatientes a moderar sus esfuerzos de resistencia. La inanición de los palest inos no ha hecho sino galvanizar su apoyo a Hamás y su anhelo de liberarse de la ocupación israelí.

El Estado ocupante fracasó en su intento de aplastar la resistencia palestina mediante la Operación Espadas de Hierro, un esfuerzo tan catastrófico que incluso los medios de comunicación israelíes lo han calificado de «derrota total».

Tras los exitosos ataques de represalia de Irán contra Israel el 14 de abril, el reinado de impunidad de Tel Aviv parece acercarse a su esperado fin. Es sólo cuestión de tiempo que grandes empresas tecnológicas occidentales como HPE, que facilitaron la opresión de los palestinos, se enfrenten a las consecuencias de su complicidad.

Esta investigación es la segunda de una serie de The Cradle que examina las inversiones ilegales de empresas occidentales en los territorios palestinos ocupados y/o que ayudan a Israel a implantar su sistema de apartheid. La primera investigación puede consultarse aquí.

Traducción al español para Geopolitika.ru
por el Dr. Enrique Refoyo
Fuente: https://thecradle.co/

LOS COLONOS JUDÍOS, PREPARANDO EL TERRENO PARA LA ANEXIÓN DE CISJORDANIA

Robert Inlakesh

Geopolitika.ru, 20/07/2024

Los colonos israelíes están intensificando la violencia autorizada por el Estado y sus ambiciones de anexión en la Cisjordania ocupada, aprovechando la distracción del mundo con la guerra contra Gaza para legalizar los puestos avanzados, acaparar tierras y avanzar en la limpieza étnica contra los palestinos.

Mientras la atención del mundo se ha desviado hacia la implacable ofensiva militar de Tel Aviv en Gaza, el movimiento de colonos israelíes ha intensificado su violencia autorizada por el Estado en la Cisjordania ocupada.

Aprovechando la distracción, los colonos judíos han intensificado sus ataques, culminando con la reciente «legalización»de cinco puestos de avanzada por parte del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Esta medida forma parte de una estrategia calculada de expansión de los asentamientos y limpieza étnica, que allana el camino para una eventual anexión formal.

El gobierno de ocupación ha aprobado medidas propuestas por el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, para legalizar los puestos avanzados de colonos, iniciar licitaciones para miles de unidades más de colonos ilegales e imponer sanciones a la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania.

Smotrich, él mismo un colono ilegal de Cisjordania, ha prometido que estas medidas allanarán el camino para la introducción de un millón de nuevos colonos.

Violencia récord de los colonos y limpieza étnica

Volker Türk, jefe de Derechos Humanos de la ONU, denunció la expansión de los asentamientos a un ritmo sin precedentes y condenó la decisión de Israel de construir en marzo otras 3.476 viviendas de colonos en Cisjordania. En esta realidad posterior al diluvio de Al-Aqsa, los asaltos a viviendas, comercios y poblaciones palestinas por parte de colonos furibundos han aumentado a niveles sin precedentes.

En un informe de abril, Human Rights Watch (HRW) documentó la violencia extrema:

"Los colonos israelíes han agredido, torturado y cometido actos de violencia sexual contra palestinos, les han robado sus pertenencias y su ganado, les han amenazado de muerte si no se marchaban definitivamente y han destruido sus casas y escuelas al amparo de las hostilidades que se libran en Gaza."

Desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza, más de 540 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, decenas de ellos a manos de colonos israelíes que asaltan pueblos indefensos bajo la protección del ejército de ocupación.

Además, las milicias del «Escuadrón de Defensa» de colonos, respaldadas por el Estado y a las que se suministraron unos 7.000 fusiles después del 7 de octubre, se dedicaron inmediatamente a la limpieza étnica de miles de palestinos de unas 16 comunidades agrícolas situadas en Al-Jalil (Hebrón), además de otras cuatro comunidades cercanas a Ramala.

Como explica a The Cradle Ubai al-Aboudi, director del Centro Bisan de Investigación y Desarrollo:

"Lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre es que el orden general del ejército israelí se ha derrumbado, de modo que cualquier acción de cualquier soldado no sólo está permitida, sino que también está permitida contra los palestinos. Así que, si se mira esto desde una perspectiva histórica, es una continuación y una intensificación; ven que el mundo está ocupado con lo que ocurre en Gaza, así que están poniendo en práctica sus planes de expulsar a la gente de sus tierras y sustituirla por colonos judíos."

Planes estratégicos de anexión

Un informe de investigación publicado en los medios de comunicación hebreos indicaba que, desde que comenzó la operación de resistencia dirigida por Hamás, el ministro de Seguridad de Israel , Itamar Ben Gvir, había ordenado a la policía que dejara de aplicar la ley contra sus compañeros colonos de Cisjordania. Este repunte en la expansión de los asentamientos, la anarquía y la violencia ilegal de los colonos también encaja en lo que parece ser un esfuerzo acelerado por anexionarse por completo grandes franjas de Cisjordania.

Ya en febrero, un documento presentado por Netanyahu a su gabinete de guerra, titulado «El día después de los principios de Hamás», se proponía afirmar la completa soberanía israelí sobre todo lo que se encuentra al oeste del río Jordán.

Aunque el Estado ocupante ha fracasado estrepitosamente en su intento de derrotar a la resistencia palestina en Gaza, y las perspectivas de anexionarse el territorio costero asediado -con alguna aceptación internacional- parecen escasas, el movimiento de colonos sionistas, que actualmente domina la coalición gobernante de Netanyahu, está aprovechando una oportunidad para lograr muchos de sus objetivos deseados en la zona que consideran «el corazón bíblico de Israel».

Israel ha aplicado recientemente una decisión, anunciada por primera vez por los militares el 29 de mayo, de transferir la responsabilidad de docenas de ordenanzas de la Administración Civil del ejército a «funcionarios» que trabajan como funcionarios en el ministerio de Defensa israelí bajo Smotrich.

Esto siguió a la decisión de Tel Aviv de empezar a cambiar la estructura oficial de gobierno de Cisjordania transfiriendo poderes administrativos del control militar al civil -en esencia, un paso hacia la declaración de la anexión de jure de Cisjordania.

Expansión de los colonos respaldada por el Estado

En la actualidad, hay unos 146 asentamientos israelíes y aproximadamente 191 puestos de avanzada de colonos en Cisjordania ocupada, que controla alrededor del 46% del territorio. Casi todos estos asentamientos judíos están situados en la denominada Zona C, que representa aproximadamente el 61% del territorio y está bajo control administrativo y de seguridad total israelí, según los Acuerdos de Oslo de 1995 firmados con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Las recientes medidas en Cisjordania forman parte de una propuesta del movimiento de colonos de 2017 titulada «Plan Decisivo», cuyo objetivo es duplicar la presencia judía en el territorio. Aunque el plan no se promulgó en su momento, la guerra de Gaza proporcionó las condiciones oportunas para su aplicación y los medios para facilitar la anexión de Cisjordania.

En agosto del año pasado, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, que reside él mismo en el asentamiento ilegal de Kedumim, anunció su intención de destinar 120 millones de dólares a la construcción de asentamientos y puestos avanzados de colonos. También se reveló en 2023 que el ejército israelí había creado lo que denomina la unidad «Frontera del Desierto», que integraba a colonos extremistas de los grupos de colonos «Hilltop Youth».

Estos radicales suscitaron tal inquietud que la inteligencia israelí lanzó una operación para infiltrarse en sus filas. Conocidos por apuntar con sus armas tanto a soldados del ejército como a civiles palestinos, estos extremistas judíos fueron considerados terroristas incluso para los estándares israelíes.

Empoderamiento político

Si bien los ataques de colonos israelíes a civiles palestinos en Cisjordania ya habían alcanzado máximos históricos entre 2021 y 2023, los datos de la ONU indican que la violencia de los colonos se duplicó en octubre de 2023 y no ha hecho más que aumentar.

Este repunte coincide con el aumento de la influencia concedida por Netanyahu a políticos de extrema derecha como Ben Gvir y Smotrich, y ha envalentonado a otros como el jefe del Estado Mayor del ejército israelí , Herzi Halevi, otro colono ilegal de Cisjordania.

Por si fuera poco, se ha descubierto que las milicias de colonos israelíes que lanzan ataques violentos y no provocados contra aldeas palestinas utilizan rifles de asalto proporcionados por el ejército en sus incursiones. Las organizaciones de colonos, incluidas las jurídicas que presentan recursos ante los tribunales israelíes para derribar viviendas palestinas, también reciben financiación del gobierno. Todo ello demuestra la interconexión entre el Estado de ocupación y los elementos más radicales del movimiento de colonos.

Para allanar ese camino, la multimillonaria más rica de Israel, Miriam Adelson, donó recientemente 100 millones de dólares a la candidatura presidencial de Donald Trump para 2024, anticipando que reconocería la anexión israelí de Cisjordania una vez reelegido.

En caso de que el gobierno israelí lleve a cabo la anexión oficial, se espera que su objetivo sea la zona C de Cisjordania, un área rica en agua y tierras agrícolas que representa alrededor del 61 por ciento del territorio.

Legalización del robo de tierras

El 18 de julio, la Knesset israelí aprobó un proyecto de ley que rechaza la estatalidad palestina, reforzando una agenda gubernamental de larga data. Desde 2017, las propuestas públicas para anexionar partes de Cisjordania han sido promovidas por el gobernante Partido Likud.

En declaraciones a The Cradle, Khaled Barakat, líder del movimiento palestino Sendero Revolucionario Alternativo (PARP), dice:

"Para explicar esta nueva oleada de asentamientos israelíes, tenemos que remontarnos a 2005, 2006, a la época en que Ariel Sharon era primer ministro y cuando todas las tropas israelíes se retiraron de Gaza debido a la resistencia; se encontró en una situación en la que había sufrido una derrota y por eso adoptó la estrategia de ocupar todas las colinas de Cisjordania."

Barakat añade:

"Entonces establecieron nuevas organizaciones armadas de colonos, por lo que ahora hay 12 de ellas; están armadas, son milicias y cooperan directamente con el ejército israelí. El mayor peligro de estas milicias de colonos en Cisjordania es que son actores no estatales, por lo que cuando atacan a diario a los palestinos, Israel dice bueno, no tenemos nada que ver con eso; sólo son residentes de Cisjordania. Por supuesto, no son residentes; son colonos colonialistas armados que recuerdan a los palestinos a las mismas bandas que existían en Palestina en la década de 1930 y las que en realidad fundaron el régimen sionista."

En 2019, Netanyahu propuso anexionarse el valle del Jordán, dejando solo una pequeña bolsa bajo control de la AP. Esta estrategia implica mantener el poder de la AP en las Zonas A y B, donde viven más de 3,2 millones de palestinos, para evitar la carga logística y financiera de un gobierno directo. La política de Netanyahu pretende garantizar la supervivencia de la AP para colaborar en materia de seguridad y, al mismo tiempo, socavar la estatalidad palestina y anexionarse territorios de Cisjordania.

Mientras Israel lucha por conseguir victorias militares sobre Hamás en Gaza y Hezbolá en Líbano, Netanyahu puede pivotar hacia los esfuerzos de anexión en Cisjordania. Esto podría implicar una campaña militar similar a la Operación Escudo Defensivo de 2002, destinada a desmantelar los grupos de resistencia y proyectar una imagen de victoria para mantener el apoyo de los colonos aliados de extrema derecha.

Traducción al español para Geopolitika.ru

por el Dr. Enrique Refoyo

Fuente: https://thecradle.co

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